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Entre las principales afectadas se encuentran las grandes tecnológicas. Las compañías deberán pagar impuestos en los países en los que operen aún cuando no tengan una presencia física en ellos.

Unos 130 países, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se han comprometido a apoyar cambios en el sistema impositivo internacional que resultarán en el establecimiento de un impuesto mínimo del 15% para las compañías multinacionales.

Entre los países que apoyan la medida se encuentran varios latinoamericanos: Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay.

Entre los países que se han opuesto a la medida se encuentran Irlanda, Hungría y Barbados, que a menudo actúan como refugios fiscales para las empresas. Perú, Nigeria, Kenia y Sri Lanka también han manifestado su disconformidad.

La resolución cuenta con el apoyo de todos los países del G20, incluyendo los a menudos reacios China y Rusia. Tanto las autoridades estadounidenses como las de la Unión Europea han saludado el acontecimiento como una gran noticia.

Objetivos prácticos

La medida tiene como principales objetivos a las grande tecnológicas: Google, Amazon, Apple, Facebook, etcétera. Muchas de ellas se han establecido en países con impuestos reducidos desde los que ofrecen sus servicios a varias otras naciones.

Un claro ejemplo de las tensiones que esto supone es la disputa entre la Unión Europea e Irlanda.

Dos pilares

La iniciativa tiene dos pilares. Uno de ellos supone el pago de impuestos sobre las ganancias pasado cierto umbral (10% de margen). Al principio el criterio era más escueto, apuntando solo a las gigantes tecnológicas, pero luego fue ampliado para alcanzar a las 100 empresas más grandes sin importar el sector al que pertenezcan.

Francia introdujo correcciones para que las distintas unidades de negocios puedan ser evaluadas por separado. De esta manera Amazon Web Services, que produce grandes ganancias, quedaría incluída, dado que el margen de ganancia de Amazon es menor al 10%.

El segundo pilar es el mínimo imponible global. La idea es que las empresas no deambulen de un país a otro buscando un trato más favorable a nivel fiscal.

Cuando el acuerdo se haga efectivo, las multinacionales deberán pagar el impuesto a los países en los que operen sin importar si tienen una presencia física o no en ellos.

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